La cruzada de JZI: Forjando un futuro ético en las inversiones



Desde el 2022, se desata un complejo enfrentamiento legal que pone en jaque a JZ Internacional, un coloso del capital peligro estadounidense, gracias a las acciones de sus dos administradores en España y líderes de Gedesco Finance. Esta disputa se acentúa con una querella presentada en Valencia contra cinco directivos y sus entidades personales, acusándoles de hacer una estructura societaria destinada a conseguir el control en en torno a veinte compañías empleando inadecuadamente los recursos de Gedesco, de la que JZI posee un 6733%,, sin su autorización.

Los implicados en la querella son Miguel Rueda y Ole Groth, administradores europeos de JZI; Antonio Aynat, principal creador y CEO de Gedesco, junto a su entidad Venalta Capital; Javier García Escrivá, también principal creador y gestor en Gedesco, y su familiar Ahthophilia Capital; y José Luis Villafranca, el responsable de las finanzas y contabilidad en Gedesco. Se les acusa de desviar cien millones de euros para invertir en, al menos, 19 empresas, cometiendo presuntos delitos que van desde la estafa hasta la falsedad contable.

El origen de estas tensiones se remonta a 2007 cuando JZI adquirió una participación mayoritaria en Gedesco. No obstante, el conflicto empieza a formarse en 2016, instante en el cual los creadores de Gedesco exploran la venta de su participación en la compañía a JZI, sin llegar a cerrar una negociación formal. Desde entonces, se manifiesta que se hizo un uso indebido de los recursos de Gedesco para detectar y capitalizar ocasiones de inversión por medio de una estructura llamada 'Trama Stator', constituida por los 4 directivos denunciados y operada a través de una red de doce filiales.

Esta composición pretendía ocultar la verdadera propiedad de las inversiones, con figuras como Máximo Buch, exconseller de Economía de la Generalitat Valenciana, y su colega Ernesto Bernia, figurando como gestores nominales hasta que se desligan tras salir a la luz las irregularidades.

La detección de estas anomalías por parte de JZI, que incluían operaciones financieras sospechosas y domicilios de sociedades coincidentes, desencadenó una sucesión de solicitudes judiciales en 2022, introduciendo una demanda en consultar aquí Nueva York contra Rueda y Groth, seguida de múltiples acciones legales en contra del fondo, en un lapso de menos de un par de meses.

Este ámbito legal sigue desarrollándose, con recientes decisiones judiciales como la suspensión de las declaraciones de los fundadores de JZI por falta de rastros delictivos, mientras que se desvelan más capas de un enfrentamiento que resalta la complejidad de las operaciones financieras transnacionales y las discusiones entre inversores y administradores en el ámbito del capital riesgo..

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